Editorial
Las manos al fuego
La detención de Benjamín Andrade Esparza y Efrén Lucino Pérez, titulares del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes así como de su Policía Preventiva, respectivamente, y las manifestación de sus familiares exigiendo su liberación, ponen de manifiesto que en materia de seguridad pública el problema no está relacionado con el presupuesto, no es un asunto de cómo se reparte el dinero, tampoco del número de policías, sino de las condiciones en que trabajan los elementos de seguridad y la urgencia de realizar las reformas que permitan un trabajo de prevención del delito que, al mismo tiempo, sanee los cuerpos policiacos, impida su corrupción y asegure la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Resulta obvio que los familiares de los detenidos se manifiesten a su favor, sin embargo, exigir la liberación bajo la proclama de que las autoridades les están dando la espalda y asegurar que se les está torturando para incidir en la investigación puede dar como resultado que el nivel de la necesaria discusión descienda a un asunto de gritos y sombrerazos, cuando lo que urge es un diálogo entre todos los niveles de gobierno para responder a la ciudadanía con el fortalecimiento de las leyes y las instituciones.
Distraerse por los gritos permitirá que el Congreso continúe sin asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública, que siga sin hacerse realidad la autonomía del Ministerio Público, que la discusión siga centrándose en la solicitud de dinero sin una idea clara de cómo debe invertirse el recurso. Una ausencia total de inteligencia.
Declarar que no se meterá las manos al fuego por nadie no debería de ser la consigna de las autoridades, enfrentar al crimen organizado y asegurar que las fuerzas de seguridad pública, todas, sean confiables es la obligación. Queda mucho trabajo por hacer, hacia ese propósito se deben enfocar los esfuerzos.
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